Gobierno y sindicatos acuerdan aumentar la cotización para garantizar la sostenibilidad de las pensiones

A partir de 2023 y a lo largo de diez años, se incrementará un 0,6 %, la mayor parte asumida por la empresa. Horas antes, la CEOE se ha descolgado del pacto al considerar que tendrá "efectos negativos sobre el empleo".

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para aumentar la cotización con el objetivo de garantizar las pensiones de la generación del 'baby boom', un pacto del que se ha descolgado la patronal. 

El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) acordado entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con los sindicatos UGT y CC. OO establece que a partir de 2023 y a lo largo de un periodo de diez años se fije una cotización adicional de un 0,6 % para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La mayoría, el 0,5 %, corresponderá a la empresa y un 0,1% al trabajador, según han precisado desde las organizaciones sindicales.

"La reforma se materializará en unos meses", ha afirmado el ministro José Luis Escrivá, en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha defendido que la subida de las cotizaciones de un sueldo medio "no llega a dos euros" para los trabajadores y "no llega a 10 euros" para las empresas.

El Gobierno prevé engordar la 'hucha' de las pensiones en 50.000 millones

De este modo, el Gobierno prevé engordar la hucha de las pensiones en unos 50.000 millones de euros para 2032, cuando actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros.

El mecanismo se incluirá como enmienda al proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y garantizará que esta cuota se destine "exclusivamente" a atender las desviaciones en el nivel de gasto, ha indicado UGT. Así, según el Ejecutivo, actuará como “válvula de seguridad” del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050.

Para ello, se tomará como referencia los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea. Si a partir de 2033 se refleja en ellos una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

En cambio, si no hay una desviación en la senda del gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

Fuente: RTVE