Varias comunidades sopesan implantar el pasaporte COVID ante el incremento de casos

Algunos expertos lo ven con buenos ojos, aunque otros alertan de que puede generar rechazo entre los no vacunados.

En los últimos meses, el certificado de vacunación o pasaporte COVID se ha ido extendiendo por Europa con el fin de hacer crecer una tasa de inmunización estancada. Primero Francia lo exigió para entrar en bares y restaurantes, después Italia fue más allá y lo hizo obligatorio para todos los trabajadores y ahora Austria ha impuesto el confinamiento domiciliario para los no vacunados.

España, con casi el 90% de la población diana vacunada, parecía ajena a la tendencia europea, pero muchas comunidades han pedido en los últimos días exigir un certificado que demuestre la vacunación para acceder al ocio. Algunos expertos, antes reacios a esta medida ya que la vacuna que no estaba disponible para todo el mundo, ven ahora con buenos ojos extender el pasaporte COVID en la vida cotidiana.

"En el contexto en el que estamos ahora mismo, me parece bien incluir el pasaporte para que no se expanda el virus y se eviten enfermedades graves", afirma a RTVE.es Matilde Cañelles, inmunóloga del CSIC. El problema, asegura, es que "sería complicado de implementar porque no se sabe cómo decae la inmunidad con el tiempo".

La dificultad será actualizar el certificado, ya que cree que será necesario inmunizarse periódicamente, probablemente cada seis meses, con vacunas como la de Pfizer o la de Moderna. "La persona mientras tiene la vacuna reciente sí que tiene muchos anticuerpos en la sangre y es capaz de acabar con el virus sin transmitir mucho, pero cuando le bajan los anticuerpos sigue protegida de enfermedad grave aunque puede transmitir", explica. Por ello, vaticina que en el pasaporte se podría pedir haber sido vacunados en los "últimos cuatro o cinco meses, por ejemplo".

Para Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, este certificado "en el contexto actual no serviría ni para estimular la vacunación ni para parar la incidencia". Al haber alcanzado un porcentaje tan alto de vacunación –el mayor de Europa junto a Portugal-, duda de que el 10% no vacunado "pueda ser motivado" con el pasaporte para poder acceder al ocio.

Alerta de que "incluso puede generar más movimiento de resistencia" a la vacuna. "En otros países se está viendo que medidas como esta refuerzan la identidad de los no vacuandos. Italia está teniendo unos problemas enormes con el Green pass". En el país transalpino, la decisión del Gobierno de hacer obligatorio el pasaporte COVID para acceder a todo tipo de trabajos desató violentas protestas por todo el territorio. 

País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana estudian implantarlo

Después de una incidencia baja y estable, en las últimas semanas la curva ha vuelto a subir hasta los 96 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha llevado a muchas comunidades a solicitar la implantación del pasaporte COVID. Aragón, Canarias, Murcia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra están estudiando cómo implementarlo, mientras que Andalucía y Castilla y León han exigido al Gobierno que tome una decisión a nivel estatal sobre este asunto.

El País Vasco, una de las primeras en recuperar restricciones tras el fin del estado de alarma, solicitará al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad implantar el pasaporte COVID en el ocio nocturno cuando el aforo sea de más de 50 personas.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha ido más allá al pedir que la vacunación sea obligatoria y que a los reacios a la inoculación se les apliquen medidas "restrictivas con su libertad de movimientos", como en Austria. El martes ya había reclamado que "se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar", o se obligue a los no vacunados a "quedarse en casa, cerrados a cal y canto".

Gullón considera que este tipo de restricciones para los no vacunados pueden ser "injustas", ya que entre las personas que quedan por vacunar, además de los antivacunas, puede haber muchas "que tengan dificultad para el acceso al sistema sanitario, como por ejemplo, aquellas en situación irregular".

Por su parte, Cañelles mete "en el mismo saco" a los que quedan por inmunizar: "Todo el que no se está vacunando, aunque diga que no es antivacunas, está bajo su paraguas y se está dejando influenciar por ellos".

Por el momento, la opción mayoritaria es pedir el certificado para acceder a eventos masivos, al ocio o a acompañar a familiares a hospitales. No está sobre la mesa pedirlo para los trabajadores, como en otros lugares de Europa, aunque la científica del CSIC no descarta que dentro de un tiempo los empleadores lo empiecen a exigir.

El Gobierno descarta aplicarlo a nivel nacional

No es la primera vez que las autonomías implementan un certificado para demostrar que aquel que lo lleve está vacunado, o bien ha pasado la enfermedad o tiene una prueba negativa. En Galicia ya está vigente para acceder al ocio nocturno desde finales de octubre, después de un intento fallido de implantarlo en verano, cuando la Justicia tumbó la medida.

Andalucía lo intentó en agosto, aunque los tribunales lo rechazaron por considerar que vulneraba el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación, mientras que Aragón también se topó con el Tribunal Superior de Justicia, que frenó la medida por ser inconstitucional. Ahora esta comunidad lo solicitará de nuevo, ante la "poca suerte" de la última vez, según ha reconocido este miércoles el presidente de aragonés, Javier Lambán.

El Ejecutivo, por su parte, rechaza por el momento imponer la prueba de vacunación a nivel nacional, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aludido a que las comunidades tienen el "camino abierto" a solicitarlo en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba su uso en Galicia.

Fuente: RTVE