La innovadora propuesta para crear supermercados públicos en España
El gasto en alimentación sigue creciendo y una parte importante de la población continúa teniendo dificultades económicas. Ante esta situación, Justicia Alimentaria propone crear una red pública de supermercados que ofrezca alimentos saludables a precios asequibles y dé prioridad a la producción local.
Hacer la compra cuesta cada vez más. En 2025, el gasto medio de los hogares españoles en alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó los 5.626 euros, 236 euros más que el año anterior, lo que supone un incremento del 4,4%, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este aumento se suma al de otros gastos básicos como la vivienda, el agua, la electricidad o el gas, cuyo desembolso creció un 5,8% durante el mismo año. Cuando una familia tiene que destinar cada vez más dinero a pagar la vivienda, los suministros y la alimentación, dispone de menos margen para afrontar otros gastos necesarios, ahorrar o hacer frente a cualquier imprevisto.
Y esa situación también puede reflejarse directamente en la cesta de la compra. Cuanto más ajustado es el presupuesto, más difícil resulta mantener de forma habitual alimentos frescos y saludables como fruta, verdura, pescado o carne, especialmente cuando sus precios también aumentan.
Es en este punto donde encaja la propuesta de Justicia Alimentaria: crear una red pública de supermercados que facilite el acceso a alimentos saludables y asequibles, especialmente para quienes tienen menos margen económico.
¿Cómo funcionarían los supermercados públicos?
Justicia Alimentaria reclama la aprobación de una Ley Estatal para la Creación de una Red Pública de Supermercados. La propuesta ya cuenta con el respaldo de más de 50 organizaciones, entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción, Observatori DESCA y Fundación Savia por el Compromiso y los Valores.
Estos establecimientos darían prioridad a alimentos frescos, saludables, de temporada y de proximidad, con precios considerados justos. También buscarían establecer relaciones más directas con agricultores, ganaderos y pescadores, reducir intermediarios y ofrecer una mayor transparencia sobre cómo se forman los precios.
La idea no es sustituir a las grandes cadenas, los mercados o las tiendas de barrio. Justicia Alimentaria plantea que ambos modelos puedan convivir, de una forma similar a lo que sucede con la sanidad o la educación pública y privada. La red actuaría como lo que la organización denomina un «suelo mínimo de garantía alimentaria», destinado a facilitar el acceso a determinados alimentos básicos independientemente del nivel de ingresos.
Una fórmula que también se estudia fuera de España
España no es el único lugar donde se ha planteado una mayor participación pública en la venta de alimentos. Nueva York está desarrollando una red de cinco supermercados municipales, uno en cada distrito de la ciudad.
El proyecto contempla que una cesta de productos básicos tenga precios un 30% inferiores a los habituales, incluyendo fruta, verdura, carne y algunos productos de despensa. La ciudad ha reservado además 70 millones de dólares para desarrollar la iniciativa.
El modelo sirve también para entender cómo podría funcionar una fórmula de este tipo: la administración puede aportar espacios, financiación y establecer unas condiciones, mientras otros operadores se encargan del funcionamiento cotidiano.
De momento, sigue siendo una propuesta
Justicia Alimentaria continúa recogiendo firmas y adhesiones con el objetivo de trasladar la iniciativa al Parlamento y reclamar una Ley Estatal que permita desarrollar esta red de supermercados.
A partir de ahí todavía habría que concretar aspectos importantes, como la financiación, la gestión de los establecimientos, los productos que formarían parte de esa oferta básica o el papel de las distintas administraciones.
La propuesta pone así el foco en una cuestión muy cotidiana: cómo facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables cuando el presupuesto familiar está cada vez más ajustado.