La hostelería pide una Ley Rider que "no destruya un sector con gran impacto socioeconómico"
Gobierno, patronal y sindicatos han consensuado “laboralizar” a los repartidores a domicilio. Más de 900 negocios de la restauración reclaman al Ejecutivo una regulación que no dañe a la industria.
El Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos alcanzaron el miércoles un consenso para convertir a los repartidores a domicilio, también conocidos como “riders”, en asalariados de las plataformas digitales prestadoras de este servicio, como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. A pesar de que no se ha llegado a un acuerdo definitivo, la mesa de diálogo social ha accedido a “laboralizar” a estos trabajadores, rompiendo con el modelo de falsos autónomos.
De esta forma, se da el primer paso para comenzar a elaborar los aspectos técnicos de Ley de plataformas digitales, también denominada “Ley rider”, una normativa que lleva siendo objeto de debate varios años. El Gobierno se ha comprometido a remitir un documento de síntesis que recoja las propuestas que todos los agentes sociales han puesto encima de la mesa y que se espera que llegue ala Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Con la “Ley rider” se busca poner fin a una larga batalla judicial entre repartidores y plataformas. El caso más reciente es la sentencia declarada por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre, que establecía que la relación entre riders y la empresa Globo tenía de naturaleza laboral y que los trabajadores estaban prestando sus servicios en calidad de “falsos autónomos”.
El Alto Tribunal dictaminó que la compañía “no es una mera intermediaria” en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Asimismo, aseguraba que Glovo es titular de los activos esenciales para la realización de dicha actividad, para lo que "se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador".
No obstante, la CEOE ha accedido a reconocer la condición de empresarios y trabajadores por cuenta ajena a cambio de que la 'Ley rider' solo afecte a compañías como Glovo, Deliveroo o Uber Eats y no a profesionales de otros sectores que prestan sus servicios a través de plataformas digitales. Por su parte, los sindicatos lamentan este aspecto, pues consideran que la normativa debería también abarcar a quienes realizan su trabajo para plataformas digitales que también utilizan de forma fraudulenta el trabajo autónomo.
La respuesta de la hostelería
Los sectores de la hostelería y la restauración, principales beneficiarios del servicio que prestan las plataformas de food delivery, no han tardado en pronunciarse tras la noticia. Más de 900 negocios que operan a través de estos servicios han firmado el “Manifiesto de restaurantes españoles sobre la Ley Rider”. En el documento reclaman al Ejecutivo una regulación que no dañe al sector, especialmente en un contexto de enorme impacto de la pandemia.
En el manifiesto recuerdan al Gobierno que se trata de una industria que “mantiene a más de 365.000 trabajadores en ERTE” y cuenta con “un tercio de los locales abocados al cierre ante la falta de ayudas directas”. Así mismo, cifran los efectos del coronavirus en 2020 en “una caída de facturación superior al 50% y unas pérdidas estimadas en 67.000 millones de euros”. Con estos datos como referencia, los restaurantes españoles aseguran que la “incertidumbre regulatoria” tan solo “añade una dificultad más a un sector que afronta el 2021 ya muy debilitado”.
Consideran que el reparto de comida a domicilio se ha convertido en un “elemento imprescindible” para el desarrollo de su actividad y el mantenimiento del empleo.
Los hosteleros aseguran que la laboralización forzosa de los repartidores que actualmente operan a través de plataforma tendría un elevado coste en términos de empleo (23.000 personas), así como en los ingresos de los restaurantes y otros comercios. Asimismo, estiman que hasta 11 millones de personas en medianas y pequeñas ciudades de nuestro país se quedarían sin acceso a los servicios de reparto de comida a domicilio.
Fuente: Reason Why