126.000 € de multa al organizador y 3.000 a cada uno de los 91 involucrados en una fiesta de Sanabria

La polémica fiesta celebrada el pasado mes de agosto en la localidad zamorana Vime de Sanabria, que reunió a una totalidad de casi cien personas, ha visto ejecutada la sentencia para sus participantes

Entre los días 7 y 9 de agosto, casi un centenar de personas se vieron involucradas en la celebración de un ilegítimo ágape que incumplía las medidas para la contención de la actual pandemia.

Clara San Damián, Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora, ha hecho oficial el importe requerido a las familias de los acusados, ya que se trataba de menores de edad. Los padres de varios de dichos menores han presentado a la Delegación Territorial su voluntad de satisfacer la sanción así como una propuesta adicional para imponer a sus hijos la penalización de realizar trabajos a la comunidad, hecho que, según los progenitores, ayudará tanto a sufragar el daño causado como a la comprensión de la gravedad de los actos llevados a cabo por los sancionados.

El evento convocado por los participantes a través de las redes, tuvo lugar en un espacio cercano al término municipal de Vimes de Sanabria. La delegada Territorial, Clara San Damián, según publica el diario El Mundo, ha declarado lo siguiente: “No hay que tomárselo a broma. Lo que está sucediendo en esta provincia es muy preocupante y, salvo que adoptemos nuestras propias medidas de seguridad individual y que sepamos que de lo que hagamos nosotros depende la evolución de la pandemia, difícilmente vamos a salir rápido de ella”. Además, continuaba apuntando San Damián, "El colapso hospitalario está ahí, amenazándonos. Estamos en el límite y, como no seamos generosos con los demás, esto va a ser muy difícil".

Para mitigar el impacto de la pandemia, la Junta de Castilla y León, ha ejecutado, (unificando las impuestas por Guardia Civil,Policía Nacional, Policía Local y Servicio Territorial de Sanidad y Cultura)  un total de 1.650 sanciones.

Con este cerco sobre la actividad ilegal en tiempos de pandemia, se pretende inculcar a la población la máxima de que los actos tienen consecuencias y no de carácter  baladí, así como implementar el fomento de la responsabilidad ciudadana en solidaridad con los hosteleros, que debido a las limitaciones impuestas, han visto temporalmente cerrados sus negocios.